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Carta Ciudad de Guatemala

19 de noviembre 2017

En un contexto regional profundamente regresivo, en el cual enfrentamos graves atropellos a nuestros derechos humanos y democracias y una fuerte criminalización hacia las personas defensoras de derechos humanos de América Latina y el Caribe, más de 70 personas activistas,defensoras de derechos humanos de lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales, nos reunimos en la VII Conferencia Regional de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales para América Latina y el Caribe, ILGALAC, del 16 al 19 de noviembre del 2017 en la Ciudad de Guatemala para la reflexión e intercambio de estrategias para la construcción de horizontes de libertad, igualdad y solidaridad.

Observamos con preocupación el ascenso de distintos sectores conservadores y fundamentalistas que refuerzan la violencia e incitan al odio por medio de lo que ellos nombran como ‘ideología de género’.

Reafirmando nuestro compromiso en la lucha contra toda forma de discriminación, especialmente aquella basada en orientación sexual, identidad género, expresión de género y características sexuales desde la soberanía de nuestros pueblos e identidades:

Rechazamos todas las formas de violencia por prejuicio, de manera específica las ejercidas contra las lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales, como son:  mutilaciones genitales, terapias reparativas, violaciones correctivas, ordenamientos legales que criminalizan la orientación sexual, patologizan la identidad de género y las características sexuales en contra de la libre voluntad de cada persona, pronunciamientos públicos que incentivan el odio contra las personas LGBTI en los medios hegemónicos de comunicación, además del acoso escolar por orientación sexual e identidad y expresión de género, crímenes de odio y feminicidios; afectando así el ejercicio de todos los derechos humanos.

Reconocemos y repudiamos las múltiples formas de discriminación que generan desigualdad por género, edad, raza, edad, etnia, credo, condición de salud, estatus migratorio, socioeconómico y cualquier otra que afectan de forma diferenciada a mujeres, jóvenes, personas en situación de calle, personas con alguna discapacidad, migrantes e indígenas LGBTI.

Destacamos el papel de la región en la construcción de los acuerdos e instrumentos que defienden los derechos humanos de la población LGBTI  en los espacios de integración regional y en los mecanismos internacionales y regionales de derechos humanos, como los principios de Yogyakarta, el Consenso de Montevideo, así como en la creación de la figura del experte independiente;  reconocemos los logros conseguidos en materia jurídica y de inclusión social en países latinoamericanos y caribeños y exigimos a los estados:

  • Consolidar y operar políticas que garanticen los derechos humanos de las poblaciones LGBTI.
    impulsar y aprobar leyes que protejan a las poblaciones LGBTI, que nos garanticen los mismos derechos que al resto de la población
  • Implementar los tratados y las agendas multilaterales de desarrollo para el goce del más alto estándar de derechos.
  • Garantizar políticas de educación especialmente diseñadas para modificar patrones sociales y culturales de conducta, contrarrestar prejuicios y costumbres, y para erradicar prácticas basadas en estereotipos de personas LGBTI que pueden legitimar o exacerbar la violencia por prejuicio, instando a que adopten medidas para garantizar la continuidad de las personas LGBT en los sistemas de educación formal; tal como lo señala la CIDH en su informe preliminar sobre “Pobreza, Pobreza Extrema y Derechos Humanos en las Américas” de 2016.
  • Asignar y facilitar el acceso a recursos, para la garantía y defensa de nuestros derechos humanos.

Hacemos un llamado al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para que adopte medidas para la protección de los derechos de las personas LGBTI, que se apruebe una resolución de carácter urgente e inmediato para asegurar reportes regulares en el Consejo sobre la situación de nuestros derechos, y para garantizar el fin de la violencia y discriminación sobre la base de la orientación sexual, identidad de género y características sexuales en los estados miembros de la ONU. Igualmente reclamamos  de nuestros Estados que lideren estos procesos.

Teniendo en cuenta que existe una nueva cruzada de grupos anti-derechos y de fundamentalistas religiosos que, por medio de una estrategia de deslegitimación han etiquetado nuestro activismo como “ideología de género”, incluyendo nuevos argumentos dirigidos , esta vez específicamente contra niños, niñas y niñes trans (por ejemplo, educación sexual en colegios, utilización de uniformes baños) es necesario, aumentar la representación de personas trans dentro de los espacios de discusión del movimiento LGBTI, Por tanto, consideramos que es fundamental que las organizaciones trans cuenten con más y mejores herramientas, y con mayor acceso a financiación, para robustecer los activismos locales con el objetivo de evitar retrocesos en los derechos conquistados y poder garantizar su efectiva implementación.

Respaldamos el proceso de paz en Colombia, y exigimos que el acuerdo de paz respete la incorporación de las personas LGBTI víctimas del conflicto.

Alertamos sobre los retrocesos y amenazas  al ejercicio ciudadano y derechos elementales para las personas LGBTI en Guatemala y exhortamos  a que se garanticen las libertades a través de políticas  públicas y marcos legales incluyentes.

Manifestamos nuestra preocupación contra la Sentencia 0076/2017 del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, que en su artículo 3, declara La INCONSTITUCIONALIDAD del parágrafo II del art. 11 de la Ley 807 de Identidad de Género en su frase “el cambio del nombre propio, dato de sexo e imagen, permitirá a la persona ejercer todos los derechos fundamentales, políticos, laborales, civiles, económicos y sociales así como las obligaciones inherentes a la identidad de género asumida.” Esta declaración de inconstitucionalidad es un retroceso histórico en el reconocimiento de los derechos humanos para el país, la región y el mundo, siendo el Estado Plurinacional de Bolivia miembro del Consejo de Derechos Humanos. Instamos a revertir esta decisión, pues la función del Estado debe ser la de garantizar derechos y no de restringir los mismos.

Expresamos nuevamente nuestra más enérgica condena al bloqueo económico, comercial y financiero que por más de medio siglo ha mantenido el gobierno de los Estados Unidos de América contra el pueblo cubano, y del cual también son víctimas nuestros hermanos y hermanas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex de la Isla. También manifestamos nuestra preocupación por las acciones de injerencia internacional y desestabilización hacia el gobierno democráticamente electo en Venezuela y hacemos un llamado al diálogo y la paz para que se termine la guerra económica hacia el pueblo de esta nación, que también afecta a las personas LGBTI.

Observamos con preocupación, los retrocesos en la República Federativa del Brasil, donde se han retirado los términos “identidad de género” y “orientación sexual” del documento Base Nacional Común Curricular (BNCC). Donde, sectores conservadores políticos y religiosos lideran la iniciativa llamada «Escuelas sin partido», promoviendo proyectos de ley orientados a prohibir en el ámbito educativo el abordaje de ciertas temáticas, entre ellas el enfoque de género y orientación sexual.

Apuntamos de forma crítica la  situación en las naciones del Caribe angloparlante donde persisten leyes que sancionan con penas de prisión a nuestras identidades. Igualmente recabamos un mayor apoyo de los gobiernos  de Centroamérica expresado en más acciones concretas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género.

Repudiamos los actos que el Frente Nacional por la Familia ha realizado en México con el objetivo de obstaculizar y eliminar el acceso a los derechos humanos a las mujeres y a la población LGBTI y que  al mismo tiempo  ha exacerbado un ambiente de odio a través de sus declaraciones.

Denunciamos el aumento de la violencia social e institucional en la República Argentina, así como el incumplimiento de las leyes de identidad de género y de cupo laboral para personas travestis y trans, el vaciamiento de organismos públicos, la eliminación de políticas de reconocimiento e inclusión social y el intento de aprobar leyes religiosas o para suprimir procuradurías especializadas hacia nuestro colectivo. Pedimos Justicia por el travesticidio de Diana Sacayan, activista travesti de Argentina brutalmente asesinada en 2015 y Exsecretaria Alterna Mundial Trans de ILGA.

En esa perspectiva, apuntamos a la relación intrínseca e inseparable entre la educación, investigación y la cultura, la cual debe reflejarse en las políticas de América Latina y el Caribe.

Abogamos por la alianza y cooperación entre nuestras organizaciones y otros movimientos sociales que defiendan los derechos humanos y la justicia social, y reconocemos la necesidad de fortalecer agendas intersectoriales.

Nos comprometemos a impulsar, promover y garantizar la participación de personas jóvenes, y adultas mayores LGBTI, asimismo adquirimos el compromiso de abogar por la visibilización y el fortalecimiento de su participación en la esfera pública de nuestros países.

Reafirmamos la importancia del marco de derechos humanos, la laicidad y la solidaridad latinoamericana y caribeña para la construcción de paz y justicia social y de género.

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